Considerando que “es una gran noticia para todos los sistemas, cooperativas y comités de Agua Potable Rural del país” la toma de razón por parte de la Contraloría, del reglamento de la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, el senador Alfonso De Urresti aseguró que “por fin podrá empezar a funcionar esa importante ley que fue promulgada el 2016, por la Presidenta Michelle Bachelet y que necesitaba de este reglamento para entrar en plena operación”.
El senador por Los Ríos recordó que se inició su tramitación durante el primer gobierno de la ex mandataria, el año 2008, y tras una larga discusión, que se retomó en su segundo mandato esta ley pudo ver la luz. “Esperamos que, a partir de la publicación del reglamento en el Diario Oficial, pueda ponerse en marcha esta importante reforma que permite a todo el sistema de agua potable rural, escalar a un nuevo nivel, donde las propias comunidades serán las principales protagonistas de su gestión”, agregó el parlamentario.
De Urresti dijo que “la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, además de crear una nueva Subdirección dependiente de la DOH del MOP, compromete recursos que serán invertidos, en parte importante, en profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares, que vendrán a satisfacer una de las principales demandas de las cooperativas y comités de APR: el apoyo técnico para sacar adelante proyectos que, por esa razón, muchas veces demoran años en ser aprobados”.
“Por cierto destaca también en esta ley la creación de un fondo de capacitación para dirigentes y operadores de Comités de APR; la implementación de una ventanilla única para postular al fondo de inversión en APR; la eliminación de la actual diferencia entre permisos y licencias para comités y cooperativas; y la evaluación y revisión de las licencias cada 5 años, que pueden ser caducadas si no cumplen con su resolución”, añadió el parlamentario.
La Ley 20.998 también exige que las cooperativas que presten los Servicios Sanitarios Rurales deban ser sin fines de lucro; que se institucionalice el saneamiento como parte del proceso del Agua Potable Rural; sostener el funcionamiento con mecanismos de tarifas, fijados por cada APR y la Superintendencia de Servicios Sanitarios; y la protección a los usuarios al aumentar fiscalización, tanto en la calidad del agua como en la aplicación de tarifas, generando mayor transparencia.
El parlamentario destacó que además, “protege a los APR del crecimiento de las empresas sanitarias, ya que no pueden ser absorbidos por concesionarios del sector urbano, al tener preferencia sobre éstos en las áreas rurales, favoreciendo soluciones locales colaborativas. En definitiva, los APR ya no serán más el pariente pobre de la política hídrica nacional. En el contexto del calentamiento global y de una sequía que llegó para quedarse, el sistema APR es y seguirá siendo una política pública de primera importancia para millones de chilenos”.
