Carolina Vásquez Araya Periodista Chilena Radicada en Ecuador
El 8 de marzo de 2017, a las 8:45 de la mañana
La tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción fue un crimen de Estado.
El Día Internacional de la Mujer, fecha simbólica para reflexionar sobre la violencia contra las mujeres, fue marcada hace cuatro años con la terrible muerte y graves lesiones sufridas por 56 niñas y adolescentes recluidas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en Guatemala. Durante el tiempo transcurrido desde esa fecha, las autoridades de ese país han eludido toda responsabilidad por el trágico suceso y tampoco su sistema de justicia ha dado respuesta pronta y cumplida a los reclamos de organizaciones de la sociedad civil y de los familiares de las víctimas.
Las adolescentes calcinadas en el incendio que puso en evidencia los sórdidos entretelones de ese hogar y los turbios negocios allí realizados no solo sufrieron una muerte atroz; también la sociedad, conservadora y proclive a juzgar de manera superficial a los menos afortunados, terminó de victimizarlas calificándolas de delincuentes y revoltosas, cargándoles sin el menor titubeo el peso de la culpa por los eventos de ese día y obviando la historia personal de cada una de ellas. Durante estos años, sin embargo, han sido periodistas conscientes y comprometidos con la búsqueda de la verdad quienes han realizado exhaustivas investigaciones y dado seguimiento a los casos, con el fin de desvelar la oscura historia detrás de esos auténticos centros de tortura y trata de personas en que se han transformado los establecimientos administrados por el Estado. La serie de reportajes realizados por Mariela Castañón ya había puesto en evidencia las condiciones infrahumanas en esos centros.
Es muy del caso insistir en la verdadera naturaleza de la acción política en una nación. Porque la manera como se ha prostituido la actividad política y cómo los centros de poder se han vendido al mejor postor, cada día aleja a los gobernantes de metas, fundamentos éticos y mandatos constitucionales. El abandono en el cual se encuentran grandes sectores de la ciudadanía –mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores- demuestra a las claras la degradación de la actividad gubernamental y pone de manifiesto el peligro que amenaza a nuestras débiles democracias. A este cuadro de carencias y malos manejos se suman los efectos devastadores de una pandemia mal manejada y, muy probablemente, utilizada como palanca para establecer dictaduras y normativas de carácter discriminatorio.
Este Día Internacional de la Mujer nos recuerda la importancia de mantener una estrecha vigilancia sobre los gobiernos y sus decisiones; el retroceso actual en el goce de derechos civiles debido a nuevas normas de conducta frente a la pandemia, tiene un especial impacto en los grupos mencionados, especialmente en los derechos de las mujeres y la niñez, las principales víctimas ante cualquier transtorno del escenario social. Los gobiernos tienen la absoluta obligación de orientar sus planes y propuestas hacia el bienestar y la prosperidad de sus habitantes y, muy especialmente, atender las necesidades de los sectores más vulnerables.
Asimismo, quienes ostentan altas posiciones en los tres principales poderes de un Estado son responsables directos por los actos cometidos por quienes se desempeñan en sus distintas instancias. Por lo tanto, la seguridad y la vida de sus habitantes recae directamente sobre sus hombros y están obligados a responder ante la ciudadanía cuando han traicionado su misión. Este 8 de marzo es una fecha para jamás olvidar; es el día señalado para volver la mirada hacia las 56 niñas guatemaltecas víctimas de un Estado fracturado, cooptado por las mafias y en inminente peligro de convertirse en el vivo ejemplo de país fracasado.
Repasar la historia es el mejor modo de aprender y tomar conciencia.
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