Por Felipe Mancilla egresado de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile.
La creación de la comisión asesora presidencial para regular la relación entre la política y el dinero, es sin duda una buena señal en la medida de hacia donde apunten sus resultados. Los 15 miembros que la integran deberán trabajar durante 45 días arduamente, ya que estarán todos los ojos puestos en su trabajo y más aún en la propuesta final que entreguen para solucionar un problema que parece estar lejos de detenerse.
Pero, hay varias preguntas que surgen ante su creación ¿Cuáles son las facultades de esta comisión?, ¿Se limitarán a discutir y regular sólo lo judicial o también habrá una regulación ética?, ¿serán vinculantes los resultados que ella arroje? ¿De qué forma se aplicarán las conclusiones que entreguen?. Poco se conoce sobre cuáles son los lineamientos objetivos de este grupo, más allá de lo que uno puede desprender de sus intenciones.
Ahora bien, si este consejo se limita exclusivamente a efectuar una propuesta para una mejor regulación legal, imponiendo mayor fiscalización y sanciones, será sólo una pérdida de tiempo y de recursos, ya que siempre se buscará la forma de evadir la norma o estar por lo menos al filo de ésta. Más aún cuando vemos que todos los políticos implicados han manifestado que no realizaron ninguna conducta ilegal, situación que será investigada y resuelta, pero que deja en evidencia que este es un problema no sólo jurídico, sino que uno ético, pudiendo existir muchas conductas legítimas pero reprochables éticamente, debiendo ser este ámbito igualmente abordado y regulado, aún sabiendo la complejidad que ello implica por la subjetividad de este campo.
Otra arista sin duda será el camino que se produzca una vez entregado los resultados, toda vez que de efectuarse una propuesta de reforma legislativa, las personas encargadas de discutir y aprobar dicha reforma, no serán otros que los parlamentarios, siendo ellos los cuestionados en este tema, existiendo un claro conflicto de interés, debiendo buscar otro mecanismo o instancia de como concretarlas y llevarlas a la práctica.
Ojalá que este gobierno esté a la altura de realizar los grandes cambios que la ciudadanía demanda, luego de la fundada desconfianza que se ha generado, pero que ello signifique investigar todos los hechos que se vayan conociendo con el tiempo y no sólo algunos, como por ejemplo la diferenciación que ha hecho el SII entre el caso Penta y el caso SQM, existiendo en este último grandes cuestionamientos a parlamentarios del oficialismo por los mismos hechos que a los de la Udi por el caso Penta.
Finalmente, ante todo este revuelo es de esperar que tampoco se caiga en populismos sin sentido por un voto más o un voto menos, como la propuesta generada por Meo de una posible revocación del mandato a los parlamentarios por la ciudadanía, que causaría una inestabilidad institucional, transformándose en un problema más grave que en una verdadera solución, pero sí avanzar en un cambio constitucional, donde se modifique la carta fundamental en el sentido ampliar la cesación en el cargo parlamentario o permitir la renuncia voluntaria a este, situación que no se permite.
