Columnista Internacional .
Carolina Vásquez Araya Periodista Chilena radicada en Guatemala columnista del Diario prensalibre
Los grandes proyectos agroindustriales, mineros y de producción de energía, han acabado con millones de hectáreas de tierras y sus ecosistemas.
El despojo de tierras con el propósito de favorecer a grandes consorcios internacionales está acabando con los ecosistemas más ricos del mundo. América Latina posee una diversidad de fauna y flora superior a cualquier otra región del planeta, pero esta se encuentra amenazada por la constante pérdida de sus masas boscosas, de sus mantos acuíferos y su rica fauna y flora autóctonas debido, principalmente, a la instalación de proyectos agroindustriales con cultivos extensivos y a la inundación de enormes áreas para la construcción de plantas hidroeléctricas.
Pero no es la biodiversidad la única víctima de los abusos de un sistema capitalista caracterizado por una irracional codicia empresarial. También las comunidades aledañas a las explotaciones mineras, o aquellas que fueron desalojadas de sus tierras ancestrales para instalar una planta de energía y cuyas raíces se pierden entre la contaminación de las aguas y la pérdida de sus recursos agrícolas, se han convertido en parias en sus propios territorios.
Uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, orientado a proteger y propiciar la sostenibilidad ambiental, recogía las demandas de grandes sectores de población que se ha visto afectada por estas explotaciones irracionales de los recursos en la mayoría de países del continente. Y ha sido la población indígena, campesina y de bajos recursos la más vulnerada en sus derechos humanos, al no tener acceso a un sistema de justicia que la ampare ante las imposiciones de las grandes corporaciones, apoyadas tanto por sus países de origen como por las autoridades locales.
Las repercusiones de esta clase de políticas aparentemente desarrollistas son devastadoras. A la desaparición de especies nativas –un auténtico ecocidio de proporciones difíciles de cuantificar- se suma el empobrecimiento de grupos poblacionales transformados en migrantes dentro de sus propios territorios, con el riesgo potencial de generar –debido a su condición de vulnerabilidad- graves situaciones humanitarias y de riesgo vital.
Los Estados están en la obligación de revisar detenidamente sus prioridades. Los marcos valóricos dentro de los cuales diseñan sus políticas de desarrollo quedan expuestos en toda su fragilidad al crear inequidades tan profundas como peligrosas. Los países más desarrollados del continente no están exentos de estas prácticas devastadoras para sus riquezas naturales, pero tampoco han podido librarse de las consecuencias nefastas de la intervención de la gran industria extranjera en sus políticas de Estado. Es hora, quizá, de redefinir a qué llamamos soberanía.
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