Por Matías Velásquez Flores.
El mayor fracaso en términos de la falta de ética en política esta puesta en las normas jurídicas que regulan la actividad y que han creado grandes vacíos utilizados por los corruptos.
Atrás quedan las opiniones de la ciudadanía que mencionaban hace algún tiempo que en el debate político no se juegan grandes cosas, (hay que trabajar igual…). Día a día nos informamos de la creación de nuevos movimientos políticos, organizaciones y fundaciones que de alguna manera tratan de participar de la arena política, cuestionando en todos los términos el accionar de los políticos que ejercen distintos cargos de representación popular, incluso de altos funcionarios del aparato público del Estado.
El problema radica para los políticos en que los mecanismos de trasparencia y regulación institucional avanzaron más lento que los métodos de cuestionamiento utilizados por la ciudadanía y las redes sociales que ayudan en esta sociedad de la información a difundir rápidamente un problema en cuestión.
Desde mi perspectiva hoy el marco jurídico institucional que regula la actividad política, es débil y pese a los esfuerzos gubernamentales y de comisiones especiales poco se avanza. En este sentido el dilema de los políticos en Chile está puesto en una discusión antropológica y ética de fondo y en donde la cuestión a discutir de manera interna es definir la política como una actividad para servir o para alcanzar, acrecentar y mantener el poder; resultado que repercute en los instrumentos de regulación, acceso y permanencia en la política.
La discusión seguirá puesta en el debate, y principalmente en la aprobación de normas regulatorias en donde se funde indirectamente la actividad pública y política por el dinero, el poder o la fama o por ayudar a mejorar y crecer a los demás.
