Miércoles 17 de mayo de 2016—. Al término de la comisión de Obras Públicas de la Cámara Baja que ayer indagó el estado y responsabilidades en el fallido puente Cau-Cau, el diputado Bernardo Berger (RN) lamentó que una vez más el ministro del ramo eludiera referirse a los problemas evidentes de diseño y a garantías concretas de financiamiento, entre otras materias pendientes.
“Yo lamento que una vez más el ministro, a quien agradezco que esta vez sí llegó a la comisión, siga eludiendo una serie de materias de fondo que son claves para establecer la verdad tras la falla del puente Cau-Cau, y respecto de las cuales surgen a diario más evidencias: que buena parte de los problemas de fondo se situarían en el diseño y las ingenierías de detalle; que la fiscalización del mandante fue claramente deficiente desde un inicio de esta historia; y que no hay una fórmula concreta que dé seguridad que con o sin las boletas de garantía la terminación de puente podrá financiarse”, explicó.
A juicio de Berger, es preocupante que la máxima autoridad del MOP, aún cuando fue consultado en específico, no respondiera acerca de las fallas más que evidentes en el diseño.
“En lo personal me llama mucho la atención que el ministro no quiera referirse al papel de Cigsa DDQ en toda esta historia, toda vez que fue la empresa que el MOP contrató, como consta en el registro de la cartera de abril de 2008, para la elaboración de un diseño e ingenierías de detalle del viaducto y su solución basculante, y no para una idea general como se está plantando ahora; es un actor que al día de hoy no se sabe nada, ni siquiera se han transparentado las bases de la licitación para saber qué fue lo que exactamente se le pidió”, añadió.
“Creo que el ministro debe ser más cuidadoso cuando le echa la culpa a otros gobiernos, o no responde aludiendo a que él no estaba en esa época, porque El MOP es uno sólo desde el siglo XIX, acá hay falencias institucionales que hay que indagar para que no sucedan más desastres cómo el Cau-Cau o el caído puente Loncomilla”, dijo.
En los últimos meses, parte de las firmas contratadas por la cartera para despejar el origen de los problemas del puente, han sostenido que existen serias evidencias que los problemas de fondo estarían radicados en el diseño del viaducto. Así lo ratificaron en su momento la consultora norteamericana Harvesty que radica éstos en “problemas de fondo de diseño, de cálculo de ingeniería y en el planteamiento de la metodología constructiva”. También lo hace el ingeniero Sergio Contreras, quien además añadió hace unos días que la solución de demoler no responde a las recomendaciones de su informe entregado a la cartera. En la misma línea, la consultora Externa Zañartu afirmó en abril que “aunque el puente se hubiera terminado, no hubiera funcionado” en mención a las debilidades del diseño.
A ello se suma el nuevo informe de seguimiento de la Contraloría que reveló que ya en 2014 se le había advertido al Ministerio que había errores en la memoria de cálculo para el sistema de levante que pondrían en riesgo a la estabilidad de la estructura y sus elementos, y respecto de lo cual, meses antes del colapso, el MOP aún sostenía que no había peligro y que sólo se trataba de omisión de transcripción de datos de las fórmulas al informe de respuesta para el órgano contralor.
Financiamiento
Según el diputado Berger, un aspecto delicado respecto del cual aún no hay detalles ni fórmulas concretas es el del financiamiento futuro.
“En lugar de certezas y claridades sobre qué proyectos se van a tocar, y de qué regiones, en su lugar plantea una fórmula vaga de recortes aquí y allá, sin precisar detalle de qué proyectos serán afectados, para cubrir el 50% de la terminación del puente. Esto no despeja absolutamente nada en cuanto a montos, fechas y formas de ejecutar esos recursos, si se hará una vez que se complete el presupuesto necesitado o si será por partes, por ejemplo”, advirtió.
Pero lo más alarmante en opinión del parlamentario por Los Ríos, es que “de guinda para la torta, para el otro 50% que faltaría, se sigue confiando en echar mano a las garantías retenidas en tribunales por la judicialización entre la cartera y la constructora AZVI, las que, seamos honestos, el MOP puede tanto ganar como perder, y que además pueda extenderse indefinidamente en la justicia”.
Según Berger, lo esperable era que el ministerio de Obras Públicas garantice en una partida con cargo al presupuesto 2017, los recursos necesarios para garantizar el término de la obra “porque lo demás, son más bien voladeros de luces; ahora si recupera o no recupera las garantías, ese es un problema respecto del cual la Contraloría ya fallo y es una responsabilidad exclusiva del MOP restituirlas, pero en ningún caso un problema traspasable a quienes nos hemos vista afectados que somos la comunidad valdiviana”.