- Desde la implementación de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones Alimenticias, 10.322 personas se mantienen como deudoras vigentes en la región.
Con el objetivo de lograr el pago efectivo de las pensiones de alimentos adeudadas en el país, y de garantizar la responsabilidad del Estado de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género impulsó en 2022 la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones Alimenticias, una medida prioritaria del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. La norma, aprobada durante el primer año, comenzó a implementarse en mayo de 2023, permitiendo que, desde entonces, el Estado asuma un rol como persecutor del patrimonio del deudor, creando además dos mecanismos para lograr el pago efectivo de las deudas desde cuentas bancarias, instrumentos financieros y fondos de pensiones.
Al mes de octubre de 2024, a poco más de un año de implementación de esta ley, el Poder Judicial informó que los tribunales de familia ya habían ordenado el pago de más de $1 billón 360 mil millones de pesos a través de los mecanismos que establece la ley, es decir, un equivalente a 33 teletones. A la misma fecha, se habían pagado más de $588.275 millones.
“Que se haya ordenado el pago de estos montos significa que estos recursos ya habían sido encontrados en las cuentas bancarias, instrumentos financieros o fondos de pensiones del deudor, gracias a las atribuciones que permite la Ley de Pago Efectivo a los Tribunales, y que estos recursos se habían pagado o se encontraban en proceso de pago”, explicó la ministra (s) de la Mujer y la Equidad de Género, Luz Vidal Huiriqueo.
Tanto los mecanismos de pago como las sanciones establecidas en la ley han contribuido a que, al mes de febrero de este año, se han realizado más de 132.541 cancelaciones de inscripciones de deudores que figuraban en el registro, es decir, cerca del 45% de los deudores que han ingresado al Registro de Deudores han pagado su deuda o llegado a un acuerdo de pago completo y suficiente aprobado por los tribunales.
Sobre el contexto regional, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Francisca Corbalán Herrera, detalló que “Actualmente, existen un poco más de diez mil deudores de pensiones de alimentos inscritos en el registro. De ellos, un 94,8% son hombres y un 5,1% corresponderían a mujeres. El no pago de estas pensiones afecta a un total de 13.349 niñas, niños y adolescentes de la región, y a miles de mujeres que hoy cuentan con esta institucionalidad que ofrece mayor confianza para judicializar las deudas y exigir el justo derecho del que son acreedores sus hijos e hijas”.
Asimismo, la Seremi Francisca Corbalán explicó que “A pesar de estas cifras, es importante destacar que, a febrero de este año, un total de 4.850 personas que habían sido inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimento ya han pagado sus deudas o han establecido un sistema de pago que les permita estar al día con una responsabilidad que, hasta ahora, recaía mayoritariamente en mujeres”.
La autoridad advierte la importancia de continuar con el pago sistemático de esta responsabilidad, pues de lo contrario, se puede reincidir en el registro.
Finalmente, diversas instituciones se han sumado a este desafío. Una de ellas es el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que desde el año pasado considera la deuda de pensión de alimentos como un factor de clasificación socioeconómica, lo que permite a los hogares que no están recibiendo la pensión de alimentos que corresponde, reportar esta situación para que se considere al momento de optar a los beneficios del Estado.
