Los parlamentarios indicaron que los hechos conocidos son graves porque se trata del rechazo del pago de las licencias de personas que se encuentran afectadas para trabajar.
Como «grave» calificaron los diputados del Partido Socialista, Marcos Ilabaca, y de Convergencia Social, Gael Yeomans, la resolución de la Corte Suprema que determinó como “ilegales, arbitrarias, antojadizas y sin fundamento” al menos once resoluciones de la Comisión Médica Central en la que este organismo, desde 2020, negó pensiones de invalidez a personas con enfermedades graves o terminales.
Según informó Ciper Chile, las resoluciones del máximo tribunal fueron adoptadas ante acciones legales presentadas por la Fundación Valídame en representación de las víctimas, y la situación llevó a la Contraloría a subrayar la necesidad de que, ante la posibilidad de que existan presuntas faltas “a la probidad”, se abran eventuales procedimientos de remoción contra los médicos involucrados en estos hechos.
«Los hechos conocidos son graves porque estamos hablando del rechazo del pago de las licencias de personas que se encuentra afectadas para trabajar y que por lo mismo dependen al 100 por ciento de estos ingresos y por lo mismo, no puede existir especulación a la hora de aceptar la ejecución de dichos pagos», dijo el diputado Ilabaca.
Por su parte, la diputada Gael Yeomans señaló que “ya el 2018 me tocó presidir una Comisión Investigadora sobre este tipo de irregularidades, es inaceptable que se sigan repitiendo estas vulneraciones a los derechos de los afiliados”.
Asimismo, el parlamentario añadió que «vamos a solicitar a la Cámara de Diputados que se conforme una Comisión Investigadora, ya que está acción legal fue en respuesta a la solicitud de una Fundación y por lo tanto es probable que existan más afectados con la situación».
Además, la parlamentaria de Convergencia Social recalcó que “es urgente avanzar en la reforma de pensiones. Tal como concluimos anteriormente, las AFP tienen incentivos perversos para no pagar las pensiones de invalidez, ya que pierden utilidades. Necesitamos un sistema de seguridad social y no un modelo de negocios”.
En ese sentido, los parlamentarios recalcaron que el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo presenta cambios en esta materia, cambiando el financiamiento privado de las comisiones médicas y los interconsultores pasando a ser parte de la licitación completa del soporte del sistema, eliminado a los representantes de las AFP y las compañías de seguro de la Comisión Médica Central, evitando conflictos de interés a la hora de definir las normas técnicas de invalidez.
De acuerdo a antecedentes, se ha confirmado que al menos desde 2004 han existido prácticas que dañan a quienes son beneficiarios directos del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), beneficio que permite a los cotizantes activos jubilarse de manera anticipada con una pensión equivalente a un 50% o 70% de su remuneración, si les sobreviene algún tipo de invalidez parcial o total.
