Por Carolina Vásquez Araya Periodista Chilena radicada en Ecuador
La niñez es uno de los grupos más vulnerables y menos beneficiados de la sociedad.
La discusión en torno del regreso a clases se plantea, por lo general, desde el interés económico, ya que mientras los padres deban permanecer en casa para cuidar a sus hijos, los países parecen encontrarse en un estado de parálisis laboral casi absoluta. Por ello, los gobiernos en su empeño por regresar a una normalidad todavía utópica, apuestan por la apertura de escuelas, colegios y universidades con la ilusión de haber vencido –o por lo menos reducido- los efectos de la pandemia. Enviar a los estudiantes a los establecimientos educativos permitiría a los padres regresar a sus puestos de trabajo, con lo cual se daría el impulso necesario a la productividad para evitar un total colapso de los indicadores económicos.
Sin embargo, este tipo de acciones afirmativas no necesariamente se basan en los intereses prioritarios de la niñez. Es decir, este segmento de la población resulta, en estos casos, un factor secundario; y los efectos que pueda sufrir al exponerlo a situaciones de vulnerabilidad, suelen ser vistos como consecuencias marginales ante la preponderancia de la puesta en marcha de la maquinaria productiva. En países como los nuestros, la infraestructura educativa es débil y carece, por lo general, de las condiciones de seguridad sanitaria adecuadas. La mayoría de escuelas públicas –urbanas y rurales- en donde estudia el grueso de la población infantil, están desprovistas de recursos para garantizar el bienestar y la salud del alumnado, al extremo de ni siquiera contar con una provisión segura de agua potable e instalaciones sanitarias. En los países menos desarrollados, además, ni alumnos ni maestros cuentan con la tecnología ni los recursos para utilizar una plataforma virtual capaz de reemplazar la presencia física en las aulas, por lo tanto de no acudir a clases quedan totalmente marginados del sistema educativo.
Por otro lado, se plantea la necesidad de abrir los establecimientos educativos con el propósito de paliar los efectos de la violencia doméstica, la cual ha incrementado de manera significativa como efecto del encierro obligado de los últimos meses. Niñas, niños y adolescentes se ven expuestos a un sistema de relaciones familiares que limita su capacidad de defensa ante agresiones físicas, sexuales, económicas y psicológicas en el interior de su hogar. Por lo tanto, el regreso a clases se presenta como una opción interesante entre dos situaciones puntuales de riesgo: la violencia versus el contagio. De acuerdo con datos de World Vision y de ONU Mujeres, los llamados de auxilio por violencia doméstica durante la pandemia han aumentado entre 25 y 40 por ciento en la mayoría de países en todo el mundo, lo cual demuestra la extrema indefensión de los grupos vulnerables: niñas, niños, adolescentes y mujeres.
Esto que hoy revela el ataque sorpresivo de una pandemia capaz de transtornar la vida en todos sus aspectos, es hasta dónde se han marginado los intereses de las nuevas generaciones; hasta qué extremo se les ha convertido en meros instrumentos de campaña política, abandonándolos a su suerte una vez conseguidos los resultados electorales. Las promesas vanas de invertir y priorizar los programas destinados a nutrición, salud y educación han condenado a los sectores más desprotegidos de nuestras sociedades y, por conveniencia de los grandes grupos económicos, los destina a ser un simple vivero de trabajadores mal pagados. La educación es la herramienta más poderosa para alcanzar el desarrollo y garantizar el bienestar en todos los demás aspectos de la vida humana. ¿Abrir o no? El dilema está planteado.
Las decisiones sobre la niñez deben estar enfocadas en su bienestar.
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