Felipe Bettancourt, Centro de Políticas Públicas
Facultad de Economía y Negocios, Universidad San Sebastián
Cada año el 17 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza. Una oportunidad para volver a hablar de un tema que, lamentablemente, no es recurrente en los titulares.
¿Cómo estamos respecto de este desafío a nivel nacional? Las últimas cifras oficiales, para nada alentadoras, son de la encuesta CASEN (2020) realizada en pandemia. Esta estimaba en más de 800 mil el número de personas que vivía en una situación de pobreza extrema. La estimación, en cuanto a hogares, superaba los 250 mil.
Era un momento particular, donde fue necesario activar cuantiosas y amplias ayudas sociales para palear los efectos que esta trajo, sin los cuales hubiéramos tenido cifras muy superiores. El escenario hoy sin duda ha cambiado. Los ingresos del trabajo, que cayeron en forma muy relevante, deberían estar en otra situación frente a la recuperación del empleo. El momento de mayor confinamiento -aparentemente- ha pasado, pero la economía enfrenta nuevos desafíos, nacionales e internacionales, que van desde la incertidumbre política hasta la inflación, sumado a las complejas proyecciones del crecimiento futuro. Ante este nuevo escenario, ¿tenemos una nueva estrategia para enfrentar el desafío de la pobreza?
Urge establecer bases para una nueva forma en que el Estado enfrente el desafío de la pobreza en adelante.
Necesitamos, en suma, de una nueva Política para la Superación de la Pobreza. Una que considere los distintos roles que las entidades del Estado pueden jugar. También, una que reconozca, valide e integre el relevante papel que cumplen de forma muy directa las organizaciones de la sociedad civil. Una que ponga en el centro a las miles de personas que viven bajo el umbral de ingresos que establece la línea de la pobreza, en especial aquellos bajo la línea de pobreza extrema. Una que, por supuesto, considere que la pobreza por ingresos está también cruzada por muchas otras dimensiones y que, por lo mismo, requiere de diagnósticos más precisos y particulares.
Entonces, más que hablar de las coberturas o usuarios totales de cada programa, la pregunta es qué porcentaje de las personas que viven en mayor rezago está cubierto hoy por soluciones -pertinentes- para sus problemas. Algunos requerirán soluciones temporales y otros de mayor plazo o incluso permanentes. Hace falta información pública y auditable respecto de esa mirada que pone en el centro a las personas.
Esto conlleva también tomar el desafío de la coordinación entre las distintas instituciones del Estado. Un desafío con el que toda nueva autoridad se enfrenta, pero que debemos trabajar en el largo plazo. Un ejemplo de esto fue la articulación en torno al IFE, que dejó conexiones que pueden volver a ser activadas. Sin embargo, necesitamos avanzar en muchas otras áreas de articulación dentro de la institucionalidad pública.
Para esto, hace falta convocar un espacio de trabajo de largo aliento, en el cual además puedan rendirse cuentas y que haga cumplir los plazos. Que permita asignar en esta política o estrategia nacional a instituciones responsables, que articulen debidamente los presupuestos y objetivos de esos programas que buscan producir el mejoramiento de las condiciones de vida para esa población.
Es una tarea urgente, pero de la que poco se habla. Esperemos que la conmemoración de este día permita retomarla.
