Por Carolina Vásquez Araya periodista Chilena radicada en Guatemala
Mientras hay quienes caen en la tentación de hacer su lista de objetivos personales para el nuevo año, el listado de niñas, niños, adolescentes y mujeres desaparecidos durante 2017 continúa creciendo y los esfuerzos de búsqueda por parte de las autoridades resultan insuficientes para detener este gravísimo problema de seguridad. Pero no solo hay desapariciones, también asesinatos a mansalva a todo lo largo y ancho del territorio guatemalteco, como evidencia de un fallo sistémico del estamento político.
Cuesta creer en la indiferencia de quienes gobiernan este país ante una situación cuyas consecuencias se equiparan a las provocadas por una guerra declarada, en donde quienes caen por ataques armados son, en su mayoría, civiles inocentes. Estas muertes, acumuladas a lo largo de las semanas y los meses, van engrosando el expediente de los casos no resueltos y las familias de las víctimas ya saben que jamás tendrán el consuelo de ver la acción de una justicia pronta y expedita, como ha sido la sempiterna promesa incumplida de sus autoridades.
Pero esa indiferencia tiene un origen muy fácil de adivinar: es el desprecio por la ciudadanía, basado en el hecho de que detentar el poder político y económico del país equivale a poseer un cheque en blanco para hacer del Estado un proyecto de enriquecimiento personal sin obstáculo alguno. La riqueza nacional parece ser una fuente inagotable capaz de alimentar la voracidad de un equipo de gobierno tras otro, en perfecta sucesión. Los mecanismos adecuados para crear una ilusión de legalidad a esas maniobras han sido cuidadosamente diseñados por quienes los aprovechan.
Por eso no hay dinero para el desayuno escolar de millones de niñas, niños y adolescentes que asisten a las ruinosas escuelas públicas. Tampoco hay suficientes implementos de enseñanza porque, después de todo, esos niños y niñas -pobres por decisión de quienes acaparan el poder- están destinados a ser mano de obra barata y no conviene darles un nivel de educación que los transforme al cabo de unos años en ciudadanos críticos, empoderados políticamente y potenciales líderes sociales.
Entonces la fórmula está dada: una masa desinformada y aplastada por un sistema injusto y abusador, incapaz de defender sus derechos, resulta mucho más fácil de dominar que una ciudadanía educada y consciente del alcance de las leyes que deberían protegerla. En semejante plataforma el desarrollo de las organizaciones criminales creadas durante décadas de abuso político se consolidan y actúan a la luz del día extorsionando, asesinando, secuestrando y convirtiendo esta tierra promisoria en un vasto cementerio.
La niñez y la juventud de Guatemala ha sido obligada a emigrar para salvar su vida e intentar del modo más arriesgado e injusto construir un futuro mejor. Muchos mueren en el intento, otros son capturados por las redes de trata que, como una verdadera malla de pesca, atrapa a los más débiles y los esclaviza en todas las crueles variantes de la explotación. Quizá por ahí van algunos de los niños, niñas y adolescentes cuya desaparición aparece en los anuncios de la Alerta Alba-Keneth. Pero no son todos. Sin embargo, el silencio de las autoridades sobre este drama cotidiano revela con meridiana claridad cuánta importancia le dan a este segmento de la población pero, por encima de todo, deja en evidencia una actitud de “dejar hacer” al impedir con maniobras presupuestarias y políticas el fortalecimiento de las instituciones cuya naturaleza es la defensa de la niñez y de toda la población.
Los frecuentes llamados por el aparecimiento de niñas, niños y adolescentes marcan el año.
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