por Carolina Vásquez Araya ,Periodista chilena radicada en Guatemala, columnista del diario Prensa Libre
“La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio”. Cicerón.
Sin duda una de las consecuencias de escribir y opinar en los medios es enfrentar las agresiones de quienes no saben cómo debatir con inteligencia y prefieren atacar con insultos y amenazas. Sin embargo, las reacciones viscerales no se dan exclusivamente en las esferas del oficio periodístico, ya que las manifestaciones de violencia se observan actualmente en todas las formas de interacción social.
Este fenómeno es particularmente intenso cuando se abordan temas que, por sus características, enfrentan a distintos sectores y se prestan a interpretaciones diversas según los intereses particulares de cada quien, como sucede actualmente con el tema de la justicia. Para unos, justicia es lo que manda la ley y, para otros, son aquellas decisiones y actos capaces de satisfacer sus deseos de venganza o su particular concepto de equidad.
Más allá del espinoso tema de la pena de muerte o las ejecuciones extrajudiciales, el debate se cuela en temas tan resbalosos como cuáles son las fronteras de la corrupción y hasta dónde es permitido transgredir las normas para resolver asuntos personales o de grupo que aparentemente satisfacen la demanda de justa compensación.
Es así como todo el andamiaje institucional, forzado por esta tendencia, se ha ido debilitando hasta el extremo de convertirse en un sistema acomodaticio que favorece a quienes poseen más poder para manipular sus mecanismos, dejando a los conceptos de justicia, democracia y estado de Derecho sujetos a la interpretación flexible de algunos sectores de mayor influencia.
Lo que se deduce de la resistencia a aceptar la rigidez de la norma legal es el miedo a enfrentar la verdad de la inclinación humana a buscar las soluciones fáciles para problemas complejos, aún cuando estas soluciones constituyan un golpe contundente y letal a los basamentos de la sociedad y la cultura.
Por ello, el rechazo a la presencia –incómoda e inconveniente para muchos- de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, con su ojo fiscalizador y su alto nivel de autoridad, no es más que el temor a enfrentar en toda su dimensión el tremendo deterioro de la moral social, producto de una degradación persistente en los ámbitos público y privado, hecho que la sociedad ha ido asimilando como algo normal, como un hecho de la vida al cual ya no vale la pena oponerse.
Sin embargo, esto que sucede actualmente en Guatemala no es exclusivo del país centroamericano. En toda América Latina se reproducen similares patologías y se han debilitado de manera significativa los tejidos sociales. producto de la fuerza y el poderío adquirido por las organizaciones criminales, especialmente aquellas vinculadas al narcotráfico y al negocio de la trata de personas. A ello han contribuido, sin duda, las políticas económicas orientadas a favorecer a grupos empresariales locales o multinacionales, cuyo principal objetivo es apoderarse de la mayor cantidad de recursos nacionales para su propio beneficio.
Las voces aisladas de los defensores de derechos humanos o de los analistas del entorno económico y socio político resultan ofensivas para quienes se sienten amenazados en su cómoda caparazón de conformismo. Esas voces, sin embargo, ya comienzan a hacer impacto en sectores importantes de la sociedad y encuentran un eco promisorio que invita a soñar con un retorno a los ciertos valores largamente marginados.
