- Hasta ahora, la prohibición solo rige para candidaturas en las elecciones locales y regionales.
- 3 en la región de Los Ríos y un total nacional de 196 candidaturas al gobierno y consejo regional, así como alcaldías y concejos municipales, fueron rechazadas por el Servel por tener deuda vigente de pensiones alimenticias.
21 de agosto, 2024 -. El 10 de agosto el Servicio Electoral de Chile (Servel) publicó las resoluciones de aceptación y rechazo de candidaturas para las elecciones regionales y municipales que se desarrollarán el 27 de octubre en nuestro país. En este contexto, el servicio informó que 196 candidaturas fueron rechazadas por tener deuda vigente de pensiones alimenticias.
Si bien no tener deuda vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias es una causal de inhabilidad para las elecciones de gobernadores, gobernadoras, cores, alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas; no lo es para la aceptación de candidaturas a la Cámara de Diputadas y Diputados y al Senado.
Es por este motivo que la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, anunció recientemente que, junto al ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, patrocinarán una de las iniciativas parlamentarias que permita aplicar esta causal de inhabilidad en las elecciones parlamentarias y presidenciales que se realizarán el próximo año.
La ministra Orellana anunció que “tal como nos comprometimos durante la tramitación de nuestra Ley de Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, hemos definido, junto al ministro Elizalde, patrocinar el proyecto que homologa esta condición hacia los parlamentarios, porque actualmente, a las elecciones parlamentarias se pueden inscribir candidatos con deuda vigente en el Registro, pero no así para alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobiernos regionales, lo cual evidentemente no se entiende”.
Previo a esto, la autoridad explicó que se reunirán con parlamentarios y parlamentarias de distintos sectores que han impulsado iniciativas con este objetivo y evaluarán “cuál es la opción más rápida para que esto tenga reglas claras lo antes posible, antes de que se inicie un nuevo ciclo electoral”.
Por su parte, el ministro Elizalde aseguró que “actualmente, según la ley, no pueden ser candidatos a elecciones regionales y locales aquellos que forman parte del Registro Nacional de Deudores de Prensiones Alimenticias vigente. Es necesario aplicar esta prohibición también a los candidatos al Congreso y a la Presidencia de la República”.
Y agregó: “Es incompatible aspirar a cargos de representación popular con ser deudor de alimentos”.
Es importante señalar que, desde mayo de 2023, la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones Alimenticias abrió la posibilidad de que los deudores de pensiones de alimentos que se encuentran en el registro nacional puedan salir de este, pagando la deuda o llegando a acuerdo de pago.
El Servicio Electoral es una de las 2.300 instituciones enroladas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias, un sistema electrónico administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificaciones, habilitado para personas e instituciones públicas y privadas que tienen la facultad o la obligación legal de consultarlo.
En Los Ríos
Desde la región de Los Ríos, la Seremi (s) de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Vásquez Silva destacó la iniciativa presentada por el Gobierno e hizo hincapié en que “las personas registradas como deudores han tenido tiempo para saldar las deudas o llegar a acuerdos de pago, ya que la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas por pensiones alimenticias se encuentra en vigencia desde mayo de 2023 y establece medidas para salir del registro”.
De la misma manera, la autoridad explicó que “de acuerdo a datos del Poder Judicial, a mayo del 2024 el Juzgado de Familia de Valdivia se habían informado y tramitado más de dos mil trescientas deudas al Registro Nacional de Deudores; de éstas, sólo 310 deudas habían sido canceladas, lo que representa un 13%. Es importante destacar que el no pago reiterado de las pensiones alimenticias es una forma de violencia económica y que vulnera de los derechos de niñas y niños; además de infringir la probidad administrativa que cualquier representante que aspire a ser electo debiera cumplir”.
