Bernardo Berger Fett
Diputado
La salud es la prioridad que a juicio de los valdivianos, las autoridades políticas debiéramos dedicar mayores esfuerzos por mejorar, según la encuesta ciudadana “Habla Chile” que fue aplicada en noviembre a lo largo de todo el país.
Y es que las cifras no pueden dejarnos indiferentes cuando el mismo instrumento nos indica que la salud preocupa al 66,4% de la población, cifra que corrobora el último estudio ADIMARK al darle a la gestión del actual gobierno en salud su más baja aprobación (20%) y el más alto rechazo (79%).
Queda en evidencia el descontento generalizado en cómo este gobierno ha hecho las cosas en materia de salud. Y al contrario de la agenda que ha tratado de propiciar el Ejecutivo, las personas no perciben los temas políticos como los más importantes: el cambio a la Constitución despierta sólo el 6,7% del interés ciudadano.
Preocupa en este escenario por ejemplo, que aún el país no cuente con nuevos hospitales pese a una extensa lista de recintos comprometidos. La situación se contrapone con los resultados de la anterior administración que, a marzo de 2014, entregó el gobierno con 27 hospitales terminados, 15 en ejecución, 19 proyectos en licitación o toma de razón en Contraloría, 67 consultorios entregados y otros 61 en ejecución o por iniciar.
Para el 2016 el panorama, desgraciadamente, no se ve que vaya a mejorar. En atención primaria (APS) el Ejecutivo aportará apenas 4 mil 800 pesos por paciente, en consecuencia que es sabido que el mínimo para financiar la balanza es de 6 mil 100 pesos. Eso se traduce, en términos simples, que un año más la salud municipal partirá con saldo negativo en desmedro de los vecinos que se atienden en el sistema.
Queda también resolver el acceso a medicamentos de calidad. Chile, es sabido, es uno de los países con la canasta de fármacos más cara de la región, la más alta tasa de consumo per cápita, y con los mayores indicadores de automedicación. Combinación nada tranquilizadora que requiere una política farmacológica que este Gobierno no ha sopesado y que no se resuelve con una farmacia popular. Temas como la bioequivalencia, la atracción de patentes de fabricación, el empuje a la investigación y el fortalecimiento de Agencia Nacional de Medicamentos parecen quedar en segundo plano para las actuales autoridades, con consecuencias directas en el bolsillo y en la salud familiar.
