En el Senado fue aprobado el proyecto de reforma educacional que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado.
Al respecto, el senador de la Región de Los Ríos manifestó que “lo más importante es que cambiamos el principio rector del sistema educativo, el que volverá a entenderse como un bien social y no un bien de consumo. Esta reforma permitirá un cambio positivo para el desarrollo de nuestro país, construyendo un país más justo, más igual, sin la segregación que hoy nos afecta debido a un sistema que la derecha busca defender, acentúa la desigualdad y favorece el lucro”, manifestó De Urresti.
El parlamentario, también expresó que “la Presidenta Bachelet está cumpliendo una vez más sus compromisos de campaña, en este caso, garantizando la educación como un derecho social para nuestros niños y jóvenes, dejando de ser un bien que se puede transar en el mercado”.
También De Urresti manifestó que junto con prohibir el lucro se establecieron sanciones penales y civiles. De esta forma, el sostenedor que desvíe fondos de la subvención a fines distintos a los educativos deberá devolver los dineros con una multa del 50% y en caso de no hacerlo arriesgará una pena de presidio menor en su grado medio a mayor, es decir, de 541 días hasta 5 años de cárcel. Ello, bajo el delito de “apropiación indebida” de fondos públicos, ya existente en el código penal vigente y que rige para funcionarios públicos y municipios.
Además, se aprobaron las normas sobre admisión que terminan con la discriminación arbitraria y la selección de los alumnos por parte de los colegios, suprimiéndose los criterios socioeconómico, religioso, de discapacidad, nacionalidad, etnia y cultura como argumento para integrarse a un establecimiento educacional.
De este modo, la iniciativa quedó en condiciones de cumplir su tercer trámite en la Cámara de Diputados. Pese al anuncio de la oposición de recurrir ante el Tribunal Constitucional se estima que esta norma entraría en vigencia el 1 de marzo de 2016 con la eliminación gradual del copago, que será reemplazando UF a UF con el aumento de la subvención estatal. Si bien no se establece una fecha de término, el Gobierno estima que en 2017, el 93% de la matrícula estudiará gratis.
